La Paz, Baja California Sur (BCS).- Familiares de la joven Erika Adriana León Lucero, quien perdió la vida en julio del 2013, en el poblado de La Ventana, denunciaron penalmente a diversos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre los que destaca el titular de la dependencia, Gamill Arreola Leal, por los delitos de: Incumplimiento de un Deber Legal, Abuso de Autoridad y Ejercicio Indebido de Funciones.
Los deudos de Erika Adriana, administradora del hotel Palapas Ventana en aquella localidad, señalaron en la denuncia, diversas omisiones y negligencias del personal de la Procuraduría en el desarrollo de las investigaciones, que contaminaron la escena de la “misteriosa muerte”, citó el documento.
Además del Procurador, están denunciados penalmente: Martha Cecilia Garzón López, quien al momento del deceso era la encargada de despacho de la PGJE, durante la ausencia de Arreola Leal por su accidente carretero; Josué Arias Famania; Oscar Efrén Carlos Paez: Aarón Soto León, y Geovanny Camacho.
La denuncia fue estimulada, luego de que “la autoridad determinó de manera apresurada, infundada, inmotivada e ilegal, que la causa generadora de la muerte de quien en vida llevara el nombre de Erika León Lucero se debía a consecuencia de un accidente”, relata la querella.
Brian Walker, uno de los dos testigos y sospechosos más importantes de la investigación, originario de Australia, no fue investigado por las autoridades a pesar de haber presentado rasguños, moretones y hasta sangre en la ropa, lo que levantó sospechas de la familia, que rechazó la versión de la PGJE que apuntaba a un simple percance de la joven de 31 años.
“En el lugar se entrevistó a Brian Walker, de 22 años de edad, originario de Sidney, Australia, quien manifiesto ante el Representante Social que conoció a la hoy occisa en el restaurante Las Palapas y decidieron ir a caminar no percatándose por la obscuridad que había un acantilado por donde cayeron ambas personas al vacío, fracturándose él los dedos de los pies y golpes y raspones en diversas parte de su cuerpo, logrando salir de lugar para pedir auxilio”, dictó el parte oficial de la PGJE en ese momento.
Dentro de las omisiones destacaron, que peritos de la Procuraduría desecharon prendas manchadas con sangre, cuando estas resultaban de fundamental importancia para las investigación de lo que pudo haber sido, un homicidio.
Los dos hombres, sospechosos del posible crimen, fueron presentados ante el Ministerio Público solo como testigos, señaló Arturo Rubio Ruiz, abogado de la familia de la occisa, cuando formaban parte importante de la averiguación para la clarificación del caso.
A pesar de que el cuerpo fue movido de su posición dejando huellas de arrastre, según confesó uno de los extranjeros, lo que representa un delito grave por la alteración de la escena del crimen; estos, quedaron libres y hasta fueron escoltados por la Policía Ministerial al aeropuerto para que tomaran el avión que los regresaría a su país de origen.
Aunque Rubio Ruiz reconoció, que se necesitará de voluntad política para que la queja pueda proceder, “quedarse callado es peor” declaró, puesto que se tiene que dejar en evidencia la corrupción y las deficiencias que existen en la procuración de justicia en el estado.
