Difunden el acuerdo que no quiso firmar la oposición, en el Congreso de BCS

El documento con firmas de 13 diputados de Baja California Sur, aborda quienes son titulares de Finanzas del Congreso, Oficialía Mayor y al Auditor Superior
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este miércoles 1 de julio se difundió, a través de redes sociales, el “acuerdo de civilidad y legalidad” para el Congreso de Baja California Sur, con el cual se pretende detener el conflicto que se ha originado en el Poder Legislativo desde marzo y hasta la fecha; mismos que incluyen agresiones a mordidas, golpes y jalones en más de una ocasión.  

El acuerdo contempla que se reconocerá al contador público Mario Carrillo Lerma como director de Finanzas del Poder Legislativo; a Marcos Emiliano Pérez Beltrán como Oficial Mayor y al contador público, Julián Francisco Galindo Hernández como Auditor Superior del Estado.  

“Lo anterior debido a que quienes fueron destituidos y promovieron amparos, ya les fueron retiradas las suspensiones provisionales y en 2 de los casos, los juicios de amparo fueron sobreseídos”, refiere.  

En el documento, donde aparecen la firma de 13 diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT), se reconocen a los titulares de la Unidad de Género, de Recursos Humanos, de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, bajo el argumento de que los amparos de los anteriores encargados fueron negados.  

El convenio se origina durante la visita del Secretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo al Congreso del Estado, mismo que fue invitado por la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Mercedes Maciel Ortiz.  

Por su parte, la legisladora Daniela Rubio Avilés —quien, en su momento, fue removida de su cargo como Presidenta de la mesa directiva— reconoció que en la reunión se dieron algunas propuestas, sin embargo, no firmaron porque se tiene que trabajar en los cargos otorgados.  

Finalmente, se detalló que el acuerdo consiste en una serie de anexos que se irán integrando al documento inicial, el cual requerirá la suscripción de los diputados como constancia legal en su cumplimiento.  

“El primero de ellos se refiere prioritariamente a la transferencia y dispersión de recursos públicos que debieron realizarse en diversas fechas anteriores. Los montos anteriores, hoy están omisos y han agraviado a las finanzas de la institución”, detalla.  

Con información de El Zalate Noticias  


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