Gobierno estatal desconoce el número de cámaras que vigila a los paceños

El Congreso del Estado creó la Ley de Video Vigilancia, pero el gobierno estatal no la ha puesto en vigor y desconoce el material de video que posee
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La Paz, Baja California Sur (BCS).- El gobierno estatal no conoce la cantidad de cámaras de vigilancia que la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha desplegado en La Paz y Los Cabos, mucho menos cuáles funcionan y cuáles no, según confirma el secretario general de gobierno, Andrés Córdova Urrutia.

“Es un tema que se está viendo a través de la Subsecretaría de Seguridad, el dato lo vamos a tener en los próximos días”, dijo, confirmando que tampoco se conoce el número de casos que han sido resueltos gracias a estas cámaras o si al menos un caso ha sido retomado gracias a ellas. “En este momento no lo tenemos”, insistió.

Asimismo, la SSPE, después de cerca de dos meses de insistencia, no ha podido ofrecer información acerca de estos datos. El Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4) cuenta con “espejos” de las cámaras que vigila la SSPE, sin embargo tampoco se ha logrado obtener información a través de esta dependencia.

Cabe recordar que el 26 de julio el Congreso del Estado creó la Ley de Video Vigilancia en el Estado de Baja California Sur, que aún no ha entrado en vigor pues el Gobierno del Estado no la ha publicado en el Diario Oficial, sin embargo tiene como objetivo regular la grabación de audio y video en lugares públicos con el fin de ser utilizada en materia de seguridad, aunque también con el fin de controlar el contenido de los videos y su almacenamiento.

Sobre este particular, referente a la custodia de los datos almacenados en las grabaciones del gobierno, se pretende que una vez puesta en vigor la Ley de Video Vigilancia sea castigado todo servidor público y particular que “entregue a una persona no autorizada” el material, “con multa de 50 a 500 días de salario mínimo”.

“La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la grabación cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para la seguridad ciudadana”, dicta la nueva ley.


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