La Paz, Baja California Sur (BCS). Más de 300 transportistas, a través de la Alianza Sindicalista de Baja California Sur, se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir el pago aproximado de 10 millones de pesos a cuatro empresas que celebraron contratos con el Ayuntamiento de La Paz, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Pedro Albor Andrade, dirigente del sindicato, explica que en el caso del Ayuntamiento de La Paz se trata de la empresa Seico, que les debe 4.5 millones de pesos por “suministros, acarreos y maquinaria”, aunque la empresa asegura que se debe a que el municipio le adeuda a su vez 24 millones de pesos, lo que le impide saldar sus deudas.
En el caso del Gobierno del Estado es Cementos Mexicanos (Cemex), que adeuda a la Alianza Sindicalista de Baja California Sur 1.3 millones de pesos por los trabajos realizados durante las pavimentaciones con concreto hidráulico en La Paz, aunque en este caso, asegura Albor Andrade, el gobierno ya pagó a la empresa.
Acerca de la SCT el adeudo es de casi 4.5 millones de pesos, dos y medio millones de la empresa Más, que debe hace dos años por trabajos en Todos Santos, Cabo San Lucas y San José del Cabo, y el resto de la empresa Félix Díaz Álvarez.
“Ya es justo que metan las manos”, dijo Pedro Albor, asegurando que en este caso “la responsabilidad es de las autoridades, que al final de cuentas las licitaciones, tanto de SCT, del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal, son responsabilidad de ellos, pues ellos son los patrones directamente, subcontratan o hacen las licitaciones y contratan a las empresas, por lo que corresponde a ellos poner un alto a esto, que no se esté abusando del transportista, a quienes se está agarrando como financieros porque las empresas al final de cuentas sí está cobrando”.
Por su parte, Julio César Mendoza Meza, titular de la Dirección de Transporte del Estado, aclaró que solicitó a los transportistas un informe detallado de la última conciliación que hicieron con las empresas para “hacer un arqueo y sacar el saldo definitivo” y así convocar a una mesa de negociación, aclarando que las deudas entre las empresas y los camioneros no es responsabilidad del Gobierno del Estado.
“De lo que deberían ellos de preocuparse y encargarse es de que cuando celebren los contactos señalen con la empresa constructora un tipo de fianza, de garantía”, dijo el funcionario estatal.
