La Paz, Baja California Sur (BCS). A partir de este viernes 13 de septiembre se aplicará el veto parcial al decreto de Ley de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afroamericanas en Baja California Sur, pues se considera que contraviene con otras leyes y normativas, informó el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis.
“La manera más eficiente de servir a los indígenas que llegan de otros estados a vivir a Baja California Sur no es con más burocracia. Destinar millones de pesos a la contratación de funcionarios, crear oficinas, en lugar de canalizarlos […] no es una solución”, añadió.
Por su parte, Mendoza Davis solicitó respetuosamente a los integrantes del Congreso local, para analizar las observaciones que hizo a la normativa, tras una revisión legal con el equipo jurídico del Gobierno del Estado.
La Ley fue legislada sin contar con estimaciones de impacto presupuestario, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como los lineamientos para Evaluación del Impacto Presupuestario de los Proyectos de Iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos o Reglamentos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración.
Dentro de esta normativa existe confusión en torno a la naturaleza jurídica de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afroamericanos de Baja California Sur, ya que sus atribuciones corresponden a las de un organismo público descentralizado y no a un organismo desconcentrado, como establece la ley referida.
“Vamos a atender el espíritu de nuestra Constitución de su artículo séptimo Bis, y de la Ley de Personas, Pueblo, Comunidades Indígenas y Afroamericanas del Estado, que es garantizar sus derechos de las y los indígenas que habitan en Baja California Sur”, declaró.
