La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, promovió acción ante la Suprema Corte de Justicia para que la entidad también tuviera el beneficio de la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el resto de los estados, alegando discriminación; antes esto, el organismo decidió no darle la razón.
«Se alega la omisión injustificada de incluir a Baja California Sur y sus habitantes o residentes, entre los beneficiarios de los estímulos fiscales aplicables en materia de ISR, por ser violatoria de los derechos de igualdad de los mexicanos residentes en Baja California Sur, originando un trato diferenciado que es inconstitucional», afirmó el Mandatario.
En este sentido, la Ministra Norma Piña, determinó que la controversia es notoriamente improcedente, porque los Gobiernos locales no pueden utilizar este recurso para defender derechos de sus ciudadanos, que para ello cuentan con el juicio de amparo, sino sólo para impugnar invasiones de otros órganos del Estado a su ámbito de atribuciones.
“Este Alto Tribunal advierte que no se surte una afectación competencial al promovente, mucho menos acreditan un principio de agravio para efectos de la procedencia de la controversia constitucional», explicó Piña.
Asimismo, indicó que el acto impugnado debe causarle un perjuicio al promovente, en este caso la entidad, el Gobierno y las dependencias.
«La norma o acto impugnado debe ser susceptible de causarle un perjuicio al ente promovente y, los conceptos de invalidez deben dirigirse a demostrar que el acto o norma impugnado, cuando menos, le afecta como entidad, poder u órgano, más no la afectación a los gobernados», recalcó la Ministra.
El Gobierno estatal puede impugnar el desechamiento de su demanda, mediante recurso de reclamación que resolverá una Sala de la Corte.
Los ciudadanos de Baja California Sur, en tanto, pueden litigar contra su exclusión del decreto Presidencial mediante amparos, pero con pocas posibilidades de éxito, pues la Corte ha establecido repetidamente que no hay un derecho Constitucional a recibir estímulos fiscales.
Cabe destacar que, los estados que sí contarán con este beneficio son: Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Con información de Mural
