La Paz, Baja California Sur (BCS). El director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz, Héctor García González, informó que la Secretaría de la Función Pública les pide el reintegro – en esta administración – de la deuda que mantienen con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 23 millones de pesos, esto para quitar el veto que tienen para acceder a recursos federales, pero que la situación financiera con la que cuentan no permite tal pago.
“Lo que nos dificulta más que nada la situación es que quieren, a través de la Función Pública, como única opción, el reintegro dentro de esta administración, esto nos daría un flujo de 1 millón de pesos mensual y sería sólo para quitar el veto; pero también, ya una vez que lo quitemos y si queremos ver un beneficio, tenemos que tener una contraparte, ya que estos programas son un 50-50, no sólo son los 23 millones, sino con qué tener nuestra contraparte de las obras que llegarían, la situación del Organismo todavía no es con cierto nivel para poder solventar este concepto”.
García González explicó que desde el 2007, durante el último año de administración municipal de Víctor Castro Cosío, ya se empezaron a dar los malos manejos dentro del Oomsapas, lo que ha llegado a acumular la deuda de 23 millones de pesos, de los cuales, no están en posibilidad de reintegrar.
“En función de accesos a recursos federales, sabemos que desde el 2007 hubo mal manejo de recursos, la Función Pública nos pide reintegrar 23 millones de pesos, al momento la posibilidad financiera del Organismo no hace posible este reintegro”.
Según el titular de Oomsapas La Paz, a su llegada se encontró que ya se tenía una deuda de pasivos de 328 millones de pesos, con las cuentas en blanco; aunque, después, ya se pueden considerar solventes y no pedirle prestado a nadie, la recaudación que se tiene no alcanzaría para pagar los 23 millones que pide el Gobierno Federal, la cual quiere que sea dentro de los 2 años que le restan frente al Organismo.
“A nuestra llegada encontramos 328 millones de deuda en pasivos, encontramos las cuentas prácticamente en blanco, tuvimos que pedir prestado para cubrir nuestra primera quincena; y pues, esto nos da un panorama muy claro de dónde estuvimos parados a nuestra llegada.
Ciertamente ya somos solventes, no tenemos que estarle pidiendo un peso a nadie; sin embargo, no hay para juntar 23 millones y solventar esto en los 2 años que nos quedan, se están haciendo gestiones a través del Gobernador, del Presidente Municipal, de diputados federales para tratar de que se anule este veto y poder obtener acceso a estos programas que no darán la oportunidad de construir las obras necesarias para nuestro municipio”, dijo.
Finalmente, dijo que buscará la opción de que funcionarios federales gestionen el tema y se les pueda exentar del veto para poder acceder a los recursos, y que al final del día, los más afectados son los ciudadanos por la falta de obras.
“Estimamos apostarle a la gestión, apostarle al criterio de funcionarios federales para que nos puedan exentar de este tema que esta administración heredó, que es desde el 2007; y pues está trayendo consecuencias colaterales y que finalmente es el ciudadano el que termina pagando con la escasez de obras”, concluyó García González.
