La Paz, Baja California Sur (BCS). La Cuarta Transformación empezó a investigar inconsistencias que había en Exportadora de Sal, la empresa salinera más grande del mundo y que se ubica en Guerrero Negro, Baja California Sur.
El Estado ostenta el control de la compañía con el 51 % de las acciones, a través del Fideicomiso de Fomento Minero ─que controla la Secretaría de Economía─ y un 49 % de la compañía quedó en manos de la empresa japonesa Mitsubishi.
La hipótesis es que se habrían desviado una enorme cantidad de cargamentos de sal, que luego eran vendidos a empresas para su uso industrial (vidrios, fármacos, fertilizantes); esto habría favorecido a políticos de sexenios pasados.
Al enterarse de la investigación ─que se suma a otras carpetas que amenazan a funcionarios del sexenio anterior─, empezaron sus propias averiguaciones los exintegrantes de la Secretaría de Economía, a cargo de Ildefonso Guajardo y del subsecretario de Minería, Mario Alfonso Cantú.
En Mitsubishi se encendieron alarmas, sobre todo por la colaboración que daba Carlos Ruiz Sacristán a la firma; algun exsenador de peso también pregunta por abogados.
Por último, funcionarios de la 4T habría comprendieron la magnitud del caso, cuando fueron informados por una agencia de cabildeo que Donald Trump estaba empujando una investigación del FBI para presionar a varias automotrices para instalar sus plantas en territorio de Estados Unidos.
Con información de La Política Online/ Dossier Político
