Más de 10 mil niños en BCS son víctimas del trabajo infantil

La diputada Ayala Elizalde pidió al Gobierno del Estado acate la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños de BCS, que pena de oficio la explotación infantil
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La Paz, Baja California Sur (BCS).- En BCS 12 mil 196 menores de edad trabajan, y 10 mil 258 de ellos se encuentran por debajo de la edad mínima legal, que es de 15 años, reveló la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a través de su secretaria de Acción Política en la entidad, la diputada Marisela Ayala Elizalde, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que tiene lugar el 12 de junio.

La legisladora hizo un llamado al Gobierno del Estado y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en BCS, a cargo de José Luis Pérpuli Drew, para que atienda su responsabilidad y por oficio, no únicamente por medio de denuncias ciudadanas, actúe para erradicar este problema, que en todo México alcanza una cifra de 3.3 millones de niños, de los cuales el 40% no asiste a la escuela.

La Ley de los Derechos de las Niñas y Niños de BCS faculta a las autoridades estatales, incluida la misma Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a “intervenir de oficio en los casos en que su integridad física o psíquica esté en peligro, a fin de proceder siempre en atención a su interés superior”.

Respecto a la prestación de servicios en centros comerciales como empacadores en caja, mejor conocidos como “cerillitos”, Ayala Elizalde aseguró que el estado ha fallado en la regulación de esta actividad, pues es común, dijo, ver a menores por debajo del límite legal de trabajo laborando hasta altas horas de la noche.

Por su parte, el secretario general de la CTM en BCS, Amadeo Murillo Aguilar, dio a conocer las zonas rurales donde la confederación ha detectado en mayor medida la presencia del trabajo infantil, principalmente en los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. Se refirió a Valle de La Paz, Valle del Carrizal, Todos Santos, El Pescadero, Ciudad Constitución, Valle del Vizcaíno y San Juan Londó.

La CTM, dijo, ha intentado establecer contratos colectivos de trabajo en estas localidades, pero, “por miedo” a constreñirse a la ley, asegura, las empresas agrícolas se han negado, principalmente en la capital comundeña, aseguró.

“La justicia penal en este estado está por los suelos, y peor lo está la justicia laboral, que es prácticamente inexistente”, sostuvo para concluir. “Que no salgan con el cuento de que debe haber una denuncia para que las autoridades intercedan”.

 


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