La Paz, Baja California Sur (BCS). La Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Baja California Sur, junto a la Subprocuraduría en Atención a Delitos de Alto Impacto, compartieron cifras de investigaciones sobre casos de tortura, así como la cantidad de hombres y mujeres que sufrieron de dicho delito y cómo fueron tratados; en total fueron 34 investigaciones penales durante el año pasado.
La cifra total de investigaciones considera carpetas de investigación y averiguaciones previas, por el delito de tortura, iniciadas a nivel institucional y no solo por la fiscalía, dirección y otra área especializada en esta clase de hecho delictivo.
Por otra parte, se mencionó que, en cuanto a las investigaciones iniciadas en 2022 debido a posible tortura, 13 fueron por vista judicial y 21 por denuncias, resaltando que ninguna fue por vista de alguna defensoría pública, ya fuera federal o local en Baja California Sur.
De los casos registrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, 28 corresponden a víctimas masculinas, mientras que las otras dos fueron mujeres, estas mismas cifras corresponden al número de víctimas incluidas en las investigaciones.
Respecto a la judicialización o consignación de investigaciones de tortura a lo largo del 2022, se declaró que hay por resultado 22 en integración. De hecho, recalcaron que, de las 34 denuncias, ninguna ha obtenido vinculación a proceso o auto de formal prisión.
El delito de tortura hace referencia, según la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura, a: “A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta”.
Cabe destacar que, se solicitó la misma información previa, es decir, casos de denuncias, manera en que se inició la investigación, género de las víctimas, número de judicializaciones y vinculación a proceso respecto al delito de trata de personas o penas cueles, inhumanas o degradantes, pero la Procuraduría dijo no tener registro de estos temas.
