La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis mencionó que será responsabilidad de los legisladores que Cabo San Lucas no tenga una desaladora; esto, después de que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en conjunto con el Partido del Trabajo (PT), aprobaron el proyecto cuando el Congreso del Estado continúa incompleto, es decir, sin 5 de sus diputados titulares.
“El acuerdo que se dice, se votó, ha sido expresamente suspendido por la Suprema Corte de Justicia y si no sacan otro acuerdo cumpliendo lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será responsabilidad de los legisladores que no haya desaladora en Los Cabos”, expresó a BCS Noticias.
En este sentido, explicó que no es posible publicar un proyecto aprobado en la ilegalidad, y más cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el acuerdo aprobado por los 13 diputados de Morena y PT.
“No hay manera de que me pidan que yo publique ese documento cuando ha sido invalidado por la Suprema Corte de Justicia”, refirió ante los cuestionamientos de BCS Noticias respecto al tema de la desaladora del municipio del sur.
Asimismo, dijo que este es un tema que le compete a los sudcalifornianos, el cual debe quedar legislado nuevamente, una vez que se integren los 5 diputados de oposición al Poder Legislativo, pues, de no ser así, todo quedará en buenas intenciones, cuando los ciudadanos de aquella cabecera municipal tienen grandes problemas de agua potable.
“Creo que no son temas del Congreso, son temas de los y las sudcalifornianos, el proyecto de la desaladora de Los Cabos, es un tema de lo que hemos trabajado durante meses, el gobierno municipal, federal y estatal, nuestro trabajo no termina con hacer las carpetas técnicas, dicen que el éxito en la vida se mide por resultados, si no logramos obtener ese resultado, que es el proyecto de la desaladora sea una realidad, entonces todo habrá quedado en buenas intenciones”, precisó.
Finalmente, no tomó la acción de los diputados como un golpe político hacia su persona, sino para los ciudadanos de Los Cabos, ya que dicho proyecto está aprobado ilegalmente y se debe volver a someter a su análisis, para que la desaladora sea una realidad para Cabo San Lucas.
