Los Cabos, Baja California Sur, (BCS). Tras el amparo interpuesto durante el 2016, contra la propuesta de habilitar un nuevo tramo carretero dentro del corredor turístico de Los Cabos, este viernes 27 de enero, el caso fue retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no cumplía con el derecho constitucional de la consulta ciudadana, por lo que dicha instancia decidirá, el futuro de este proyecto conocido como Zona Dorada.
Luego de que el 9 de diciembre del 2015, Cabildo de Los Cabos aprobara el proyecto Zona Dorada, donde se establecía la creación de un nuevo tramo carretero de 8 kilómetros de longitud, abarcando desde El Tule hasta el Cerro Colorado, se interpuso una demanda.
En este sentido fue durante el 25 de septiembre del 2016, que se dio a conocer que el juicio de amparo 035/2015 continuaba aún en proceso contra este proyecto, mismo que fue aprobado en su momento por Cabildo de Los Cabos.
Así mismo, este viernes uno de los promotores de dicho amparo, Mateo Parr, informó que el caso fue retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no se tomó en cuenta la opinión ciudadana al momento de aprobar este proyecto, por lo que se infringió al artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California Sur, donde se indica que se debe hacer una consulta pública sobre este tipo de jurisprudencias.
Mateo Parr, dijo que este caso ya se encuentra en las manos de la Magistrada Norma Lucía Piña Hernández, señalando que este suceso es un caso aislado a nivel nacional, pues se infringió abiertamente en los derechos ciudadanos.
“Constituye un parteaguas jurídico en cuanto a los derechos humanos de los individuos de una comunidad que tienen derecho a participar y dirigir su futuro y el de sus hijos, sin que se les impongan proyectos de desarrollo urbano sin su intervención legal”, dijo el abogado.
Este proyecto de Zona Dorada, se encuentra operando actualmente, en una desviación que ha prometido instalar otro tipo de desarrollos turísticos, por lo que se espera conocer el dictamen de la Magistrada, respecto a este polémico caso, donde se infringió una ley, misma que establece una consulta pública como derecho ciudadano, ante cualquier decisión de desarrollo urbano en la localidad.
Con información de Colectivo Pericú
