La Paz, Baja California Sur (BCS). La ciudadana Maribel Pérez Núñez interpuso una demanda en contra de la Administración Portuaria Integral (API) para detener el proceso de licitación para entregar su concesión federal marítima, cedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por presunta falta de transparencia e irregularidad.
El 16 de abril, el director de API, José López Soto lanzó la convocatoria pública APIBCS/02/20 para ceder la operación y administración de muelle de Usos múltiples número 2 del puerto de Pichilingue, lo que representa una superficie de 63,496.92 metros cuadrados.
En esa zona, una empresa podrá construir una terminal con 2 muelles para recibir a 2 megacruceros al mismo tiempo. El costo del proyecto se estima en 1,200 millones de pesos.
De acuerdo con la denunciante: “en la página anunciaron con bombo y platillo (sic) no han hecho público quién ganó el concurso. Es totalmente ilegal. Esto que está haciendo API BCS ni el gobierno federal puede hacerlo.
“Esta empresa paraestatal del Gobierno de Baja California Sur tiene permisos para operar, para operación portuaria, dar otra concesión a una empresa extranjera totalmente privada, ya no para una operación portuaria sino turística”.
Del mismo modo, la denunciante acusó que el organismo está lucrando con bienes federales y “peor aún, se desconoce si tienen permisos ambientales”, concluyó.
Con información de El Organismo
