Embargan 13 cuentas al Ayuntamiento; podría ser revanchismo político

La decisión del Tribunal fue arbitraria y extralimitada en beneficio de un particular, denunció el secretario General; habrá denuncias penales, advirtió.
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La Paz, Baja California Sur (BCS).- La decisión de embargar 13 cuentas bancarias del Ayuntamiento de La Paz, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, fue arbitraria, extralimitada y podría tener tintes políticos, declaró el secretario general, Guillermo Beltrán Rochín, en una conferencia ofrecida a los medios de comunicación, donde se trató el tema de la demanda laboral que emprendió en su contra la ex empleada Juana Rosa Isela Avilés Núñez, por 19 millones 385 mil pesos.

Beltrán Rochín señaló, que el presidente del tribunal, que depende del gobierno estatal, Ricardo Alberto Díaz Carrasco, se “extralimitó en sus facultades” ordenando el embargo de las cuentas municipales en Bancomer, Banamex, Banorte, Santander y Banco Azteca, en donde habían depositado 12 millones de pesos, entre contribuciones, cobro de impuestos y participaciones federales.

No fuimos notificados del embargo, denunció el Secretario, quien destacó que la misma Constitución mexicana establece que este tipo de bienes son inembargables por intereses particulares, pues de ahí depende la operatividad de un municipio, que tiene la obligación de ofrecer servicios básicos como la seguridad pública; “están atropellando la ley”, enfatizó.

“Los ingresos tributarios de una entidad pública, en cualquiera de sus esferas, por disposición constitucional, le pertenecen, única y exclusivamente a esta, que por ningún motivo legal, mucho menos discrecional, habrán de entregarse a un individuo, como pretende la autoridad juzgadora”, sostuvo

Rosa Isela, ex trabajadora de confianza, quién laboró para el Ayuntamiento desde 1983 hasta el 2003 como directora de área, está exigiendo el pago de cotizaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, que rondan en los 1.7 millones de pesos; dinero, que no le pertenece ni le será pagado, aseguró, puesto que esto marcaría un precedentes histórico en México, en donde no existe un caso similar, dijo.

Ante la ausencia de la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán, quien viajó a la Ciudad de México para entrevistarse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y tratar la situación, Beltrán Rochín informó, que ya presentaron un amparo con la autoridad federal el pasado 31 de enero para tratar de detener el embargo y revertir el proceso.

La empleada ya fue liquidada conforme a derecho, insistió. En su momento, se le pagaron alrededor de 60 mil pesos por ese concepto.

Por los graves riesgos y el daño patrimonial que representa esta medida para el Ayuntamiento, se ejercerán acciones administrativas y penales, contra los funcionarios, e incluso a la misma trabajadora, advirtió en voz de la munícipe paceña.

El titular de la Tesorería, Rosendo Castro Orantes, manifestó que la demandante no tiene derecho a “ningún peso” de los más de 19 millones que exige; sería riesgoso pagarle, aseveró, porque se volvería un precedente en la administración pública para que otros empleados emprendieran el mismo camino contra el gobierno.

Tema Político

Betrlán Rochín, no descarta que lo sucedido el pasado viernes, que dejó sin quincena a cientos de trabajadores, pueda ser un tema político por parte del gobierno del Estado; aunque reconoció, continúa el diálogo, deberá haber interés por parte del ejecutivo, Marcos Covarrubias Villaseñor, y su secretario General, Armando Martínez Vega para resolver lo antes posible el problema, puesto que, el tribunal depende de ese gobierno.

El situación de embargo que atraviesan las cuentas bancarias del Ayuntamiento podría ser resuelta mañana mismo, si hay voluntad política, recalcó, puesto que una medida de facto por el Estado, haría posible revertir el daño sufrido.

Por lo pronto, viven al día, dijo Castro Orantes, gracias a millón 500 mil pesos que ingresa aproximadamente a diario a las arcas municipales, con lo que se puede garantizar la seguridad y los servicios públicos que demanda la población.


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