Funcionarios de BCS desconocen por qué PGR no considera ejecuciones como crimen organizado

Otros coinciden, de lo que se ha dicho en medios de comunicación e informes oficiales, que sí podrían ser actos del crimen organizado, pero sin asegurar nada
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La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace un par se semanas, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, confirmó a BCS Noticias que, hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) no les ha pedido la atracción de ninguno de los asesinatos violetos ocurridos entre 2015 y 2016, su mayoría en La Paz, diversos funcionarios públicos desconocen las razones, otros coinciden, de lo que se ha dicho en medios de comunicación e informes oficiales, que sí podrían ser actos del crimen organizado, pero sin asegurar nada.

“El trabajo permanente, coordinado entre la Procuraduría General de Justicia y la PGR, es constante, diario, trabajan mucho en materia de capacitación y pericial, comparten investigaciones en muchos de los delitos; entonces, no necesariamente tiene que haber una situación de jurisdicciones o de competencias para que haya una colaboración o el trabajo coordinado […] Si es necesario, se va a hacer”, declaró el delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), José Ricardo Millán Bueno.

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Delegado de la Secretaría de Gobernación en BCS

“Tendría que ser la propia PGR la que determine esos aspectos ya más técnicos”, sentenció del Delegado de la Segob.

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Ricardo Barroso Agramont, senador de BCS

Ricardo Barroso Agramont, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo desconocer el por qué la PGR no ha atraído ningún caso de homicidio, relacionado con el crimen organizado; pero que, en primer lugar, a quien le toca llevar el tema de la seguridad, es al Gobierno del Estado.

“Desconozco el tema, sin embargo, la primera autoridad responsable de velar por la seguridad de los sudcalifornianos es el Gobierno Estatal; sin embargo, hay que revisar el tema, tengo conocimiento que sí, que sí han atraído algunos casos, pero, más allá de estar se echando la culpa, hay que ponerse a trabajar”.

Álvaro De la Peña Angulo, secretario general de Gobierno de BCS
Álvaro De la Peña Angulo, secretario general de Gobierno de BCS

Por su parte, el secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, se manifestó respetuoso de las diversas instancias, y señaló que es un tema que sólo la PGR debería responder.

“Aquí, tendrían que preguntárselo a la Delegación, yo soy muy respetuoso de las instancias; sin embargo, quiero decirle que el homicidio es un delito que se persigue de oficio, por parte del Ministerio Público, del Fuero Común, y en todo momento, se ha actuado, en muchos casos hay detenidos, hay aseguramiento de armas que han participado en diversos homicidios”.

El Secretario General de Gobierno expresó que el Estado tiene una deuda con la sociedad sudcaliforniana, y que la delincuencia no se puede resolver en 6 meses; en ese sentido, reconoció que muchos de los jóvenes que se involucran en la venta o consumo de narcóticos, terminan en ejecuciones.

“Traemos una deuda con Baja California Sur, lo he venido diciendo, si se dejó tanto tiempo y se descuidó, no se puede arreglar en 6 meses, tenemos que entrarle todos, desde la familia y la prevención del delito […] Que los jóvenes no se dejen llevar por la delincuencia ni se sumen a estas terribles prácticas, que es el narcomenudeo, y que fomenta que, lamentablemente, terminen en esas ejecuciones”.

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Rigoberto Mares Aguilar, presidente del PAN en BCS

En el mismo tenor, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar, también dijo desconocer a detalle las investigaciones, pero, como ciudadano, sí escucha que se usa cierto tipo de armas, que se desarticulan células, y que, con eso, se puede asumir que sí se trata del crimen organizado; aunque dijo, que atraer los casos por parte de la PGR no se trata sólo de un acto de voluntad.

“Yo, en lo personal, no conozco a detalle cada una de las investigaciones y de las cosas, como ciudadano normal, de las cosas que uno escucha, del tipo de armas que, de acuerdo a los reportes, se emplean, cuando se habla de células delictivas, pues uno asume que son del crimen organizado; sin embargo, para poder determinar la atracción, pues yo entiendo que la Procuraduría General de la República tiene que llevar todo un procedimiento, que no se trata solamente de un tema de voluntad”.

Finalmente, Mares Aguilar comentó que, en caso de que sí fueran casos de la delincuencia organizada, sí tendría la PGR que atraerlos.

“En ese sentido, yo sí creo que, si se trata de crimen organizado, sí debiera la Procuraduría General de la República atraerlos, pero bueno, me parece que, entre tanto eso sucede, debe continuar la buena comunicación entre los tres niveles de gobierno”.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Baja California Sur, durante el 2015 y el primer trimestre del 2016 se cometieron 228 homicidios, de los cuales 168 fueron catalogados como dolosos, es decir, en estos casos hubo alevosía y ventaja, y en su mayoría fueron perpetrados con armas de fuego, durante los diversos tiroteos registrados, principalmente en La Paz.

Sin embargo, a pesar de que según los propios comunicados de las autoridades, estos crímenes son atribuibles a células delictivas, quienes para matar utilizan armamento de uso exclusivo del Ejército, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha considerado, hasta el momento, que ninguna de esas muertes violentas, están relacionadas con el crimen organizado, pues no ha atraído ni un sólo caso.


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