La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante una reciente conferencia de prensa, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío fue cuestionado sobre el proyecto minero submarino en el Golfo de Ulloa, conocido como “Don Diego”, aseguró que aproximadamente hace 2 meses recibió a una persona —cuyo nombre no recordó— que se ostentaba como el dueño, a quien le externó su negativa de darle una aprobación.
“Vino un personaje con un apellido extranjero, no lo registré, creo que era de Nuevo León (…) cuando me presentó este proyecto, disfrazado, que ‘el fosfato era muy importante para los fertilizantes’ y cuando ya me dijo de qué se trataba le dije: ‘señor, no abra su computadora, va a perder el tiempo, porque mi posición ha sido muy clara’, este tema no lo voy a tocar porque es un tema vetado por este Gobierno”, aseguró el Gobernador.
Cabe recordar que, este tema no es reciente, pues en octubre del 2018 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno Federal negó la autorización de impacto ambiental del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego” por segunda vez, ya que la primera fue en abril del 2016.
Este proyecto pretendía extraer fosforita en las aguas nacionales ubicadas en el Golfo de Ulloa, las 24 horas, los 365 días del año, durante 50 años; ante esto Castro Cosío se manifestó su negativa de todo lo que “atente contra nuestros recursos naturales”, y que bajo ninguna circunstancia lo permitiría.
“Mi postura, para toda la sociedad, y creo que la comparto con mi compañera Milena (Quiroga, alcaldesa de La Paz) y la alcaldesa de Comondú (Iliana Talamantes), no a la minería submarina en el Golfo de Ulloa ni en ninguna otra parte”, puntualizó el Ejecutivo Estatal.
Ante la negativa del Gobierno federal, en junio del 2019, la empresa encargada del proyecto de extracción minera, Odyssey Marine Exploration, Inc., demandó al Gobierno de México por la cantidad de 3,540 millones de dólares.
“La demanda, por supuesto que estará en los tribunales internacionales, es un exceso de una empresa que no hizo nada, se le dio la negativa desde una reunión que hubo en Comondú, hace como 3-4 años”, detalló.
