La Paz, Baja California Sur (BCS). La empresa de Mariano Ruano, Baja Ferries, debe más de 60 millones de pesos que la naviera cobró a sus usuarios y no enteró durante varios años a la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur; a pesar de que este dinero no se ha pagado y había agudizado un conflicto, esto ya «quedó en la historia», declaró José López Soto, el titular de la API de BCS.
El Sudcaliforniano publica que López Soto, atendiendo las indicaciones del gobernador Carlos Mendoza Davis de trabajar con los empresarios «mano a mano y ver hacia el futuro olvidándonos del pasado», se están llevando a cabo negociaciones «muy convenientes» con directivos de la naviera, y aunque en la entrevista no dio más detalles, adelantó que están a un paso «de que las cosas queden en el pasado»; no dio a conocer el destino de varios millones de pesos que los usuarios de los transbordadores pagaron a la naviera por concepto de «Acceso a la Terminal Portuaria» (ATP) en el puerto de Pichilingue, mismos que no enteró a la API, aunque señaló que hay voluntad de ambas partes para encontrar una salida pacífica, «fuera de los juzgados».
Fue en el año 2012 que Baja Ferries dejó de pagar el ATP a la API, argumentando que era ilegal, recuerda el mismo medio; aunque la paraestatal afirmaba que era un cobro aprobado por la Dirección General de Puertos con fundamento en el Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones, así como el anexo de regularización tarifaria publicado en el Diario Oficial de la Federación desde 1999.
Además de no pagar, Mariano Tuano contrademandó a la paraestatal exigiendo que le devolviera aproximadamente 90 millones de pesos que de los años 2004 al 2010 estuvo cobrando a sus clientes y enterando por concepto de ATP, ya que según sus argumentos se trata de un cobro ilegal, aunque anteriormente señaló que no regresaría este dinero a los usuarios que pagaron por este concepto.
Con información de El Sudcaliforniano / Foto: Internet.
