La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día, la diputada Maritza Muñoz Vargas, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, presentó una iniciativa mediante la cual se expide una nueva la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur; lo anterior, como parte del mandato constitucional tras la publicación de la Ley General a nivel nacional que obliga a los Estados a que expidan su norma estatal en la materia, en donde se destaca el derecho fundamental a la información pública que comprende la facultad de las personas para solicitar, difundir, investigar y recabar información pública.
La iniciativa precisa que desde la perspectiva de la armonización de las entidades federativas “resulta primordial, ya que las legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública de los Estados, requiere que sus lineamientos, políticas y los propios criterios sean equiparables con la propia Ley General”, señala la Diputada a través de un boletín de prensa del Congreso del Estado.
Los diputados Muñoz Vargas, Julia Davis y Alejandro Blanco, tras una serie de consultas con conocedores del tema, llegaron a la conclusión de la necesidad de elaborar una nueva Ley en esta materia, ya que reformar la actual presentaba una serie de dificultades de carácter técnico en lo relacionado con el proceso legislativo, es decir, adicionar artículos o derogar otros.
La propuesta de nueva Ley tiene como finalidad establecer las bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, “Órgano y Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal”.
Destaca la iniciativa que toda persona tendrá garantizado que contará con los mecanismos legales que le permitan acceder a la información pública mediante procedimientos informales, sencillos, prontos, eficaces, expeditos y progresivos, “además que garantizará los mecanismos que permitan transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados”. La propuesta de Ley se compone de 200 artículos y se contempla que entre en vigor 180 días hábiles después de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y se abrogará la actual norma en esta materia publicada en marzo de 210.
