La Paz, Baja California Sur (BCS). Los diputados de oposición en el Congreso del Estado, PRI, PRD, PT y Morena se unieron para manifestarse en contra de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) que está impulsando el Ejecutivo Estatal, alertando a la sociedad sobre los riesgos y peligros que ésta representa, y que viene a “descomponer más el tejido social”.
Entre sus argumentos están los siguientes: «La evaluación nacional e internacional sobre las APP no es positiva, en careciendo costo de obras y ocultando endeudamiento público, sin resultados, transparencia ni sustentable; la iniciativa pretende construir empresas protegidas, con régimen de excepción y trato preferencial; pretende la Ley estar por encima del desarrollo social, obra pública y atención a la gente; proponen que los contratos de operación de las APP de hasta 50 años sin periodos de prueba; los recursos del estado, derivado de contribuciones, cuotas, cooperaciones, participaciones o aportaciones, se pongan a disposición para cubrir pago o contraprestaciones a las APP; la Ley de APP propone que se expropien bienes, derechos e inmuebles de propiedad de particulares o instituciones estatales».
Con esto, cita el documento que al que dan lectura los diputados, «las empresas que surjan de esta Ley de APP, podemos sacar 2 conclusiones: La Ley de APP pretender desmantelar totalmente las instituciones y al Estado Sudcaliforniano y sus Ayuntamientos; y, la Ley está diseñada para que ciertos intereses inconfesables realicen grandes negocios al amparo de los gobiernos locales».
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosa Delia Cota Montaño manifestó que esta iniciativa presentada por el Gobierno Estatal no beneficiará a los empresarios locales, sino a aquellos que sólo dejen “jugosas ganancias” para unos cuantos.
“La fracción parlamentaria del PRI, el PT, Morena y el PRD, hemos coincido precisamente que, la Ley presentada por el Gobierno del Estado, para las Asociaciones Público-Privadas, es una iniciativa que viene a descomponer aún más el tejido social, a buscar las asociaciones con las empresas, no de Baja California Sur y los pequeños propietarios, sino con empresarios que vengan a dejar jugosas ganancias a espaldas y en perjuicio de los sudcalifornianos”.
Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Patricia Ramírez Gutiérrez, señaló que “la intención, sobre todo, es que se consulte a la ciudadanía, que se dé a conocer los pros y los contras que tiene, porque son más los contras que los pros que tiene esta iniciativa […] lo que pretendemos es darla a conocer a todos los ciudadanos”.
Durante su participación, la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Guadalupe Rojas Moreno, expresó: “lesionan los intereses económicos de la clase trabajadora de los pequeños empresarios en el estado; la política pública se desvía para crear las APP en lugar de optimizar la infraestructura con la que se cuenta, se da prioridad a los proyectos en función de su conveniencia para las APP”.
“Hay artículos que realmente son peligrosos para el estado, cuestiones de medio ambiente, el desarrollo de la ciudad […] Hemos encontrados situaciones que favorecen al capital privado”, destacó el diputado del Partido del Trabajo (PT), Camilo Torres Mejía.
Los diputados de oposición al Partido Acción Nacional (PAN), que es mayoría en el Congreso local, piden que esta Ley sea consensada por los albiazules, que sea llevada a las calles y se realice una verdadera consulta pública que convoque a expertos, asociaciones civiles, empresarios, instituciones académicas, a los ejidatarios y pequeños propietarios, partidos, colegios académicos y la ciudadanía.
Finalmente, piden las siguientes condiciones: «máxima publicidad de la discusión, dictaminarían y aprobación, disponible al público de forma electrónica; participación amplia, libre, plural y efectiva, realizando foros en los 5 municipios, y recibir observaciones, propuestas y comentarios de quien lo desee; comunicación oportuna, garantizando que se transmita en vivo, vía internet; y, control de cambios, haciendo públicas las propuestas recibidas y comparativos».
