La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío refirió que no le tocaba al Gobierno del Estado indemnizar a las calamareras, el asesor jurídico de las trabajadoras, Iván Antonio Castro Beltrán, respondió a las declaraciones ofrecidas el pasado 26 de junio; no hemos dicho que le corresponde, sino que por justicia social debían incluir un “fondo perdido equivalente”, dijo.
“En ningún momento ni ellas ni nosotros hemos dicho que al Gobierno del Estado le corresponde pagar la indemnización, sino que se ha solicitado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración que por JUSTICIA SOCIAL incluyan en el presupuesto de egresos de 2024 un gasto social a fondo perdido equivalente a la indemnización de las trabajadoras de HANJIN”, detalló.
Asimismo, señaló que este fondo lo pueden recuperar con “la expropiación por Utilidad Pública de los 3 predios ordenados su embargo por la Junta Especial No.58 de la federal de Conciliación y Arbitraje en 2014, ya que son terrenos privilegiados, cercanos a las playas negras de Santa Rosalía, predios que al amparo del poder han sido ilegalmente vendidos a empresas relacionadas con la proveeduría de combustible a este Gobierno Estatal, en donde, dicho sea de paso, si existe intervención de dependencias de competencia estatal”.
“Pensamos que el Gobernador del Estado es partidario de la Justicia Social, ya que […] declaró al medio informativo ‘La Jornada’, lo siguiente: ‘hagamos lo que tengamos que hacer, vamos a trabajar para que haya justicia con las calamareras’”, precisó el abogado en su derecho a réplica.
En este orden de ideas, precisó que el gobernador sudcaliforniano y su equipo de trabajo no han respondido formalmente a la solicitud de una reunión con él, realizada por las trabajadoras hace más de 5 meses.
Solo dialoga al “abordarlo intempestivamente en sus fugaces visitas por Santa Rosalía […] las compañeras ya llevan más de 20 años luchando, por lo que consideramos que el Gobernador del Estado estaría realizando acciones históricas a favor de las compañeras”.
Durante la entrevista del 26 de abril, el Gobernador hizo un resumen del caso, recordando que, tras determinarse que los bienes de la empresa coreana quedaron a nombre de las trabajadoras, un exfuncionario vendió el terreno a una empresa estatal, la cual se ha amparado con el fin de no ser expropiado.
“Vendieron esa empresa y hoy día queremos buscar la manera de expropiar, pero el dueño demanda, se ampara y ahí está el proceso atorado”, precisó en su momento para medios locales.
Ante esta declaración, el asesor jurídico de las trabajadoras destacó que el Castro Cosío no precisó “que se le anunció que podría realizar, en los predios ilegalmente vendidos, un proyecto de beneficio social y colectivo, que respete los derechos históricos al patrimonio cultural de la zona, lo que traería un beneficio a la población y un atractivo histórico cultural, que ahora se fortalece, con la designación de pueblo mágico Santa Rosalía”.
“Se debe aclarar que lo que se solicita al Gobierno del Estado no es el dinero para las compañeras per se, lo que se solicita, es que se aplique la ideología que se pregona con acciones reales, lo que, en algún momento se puede traducir en compensación económica a las compañeras, lo que, además, sería justo, pero las cantidades que pudieran resultar de una mesa de diálogo para solucionar el problema de las compañeras sería insignificante para el universo presupuestal del Estado de más de 21,000 millones de pesos”, concluyó el abogado Castro Beltrán.
